Morelia, Michoacán,
Con el objetivo de que Michoacán cuente por primera vez con información específica, técnica y desagregada sobre la realidad que viven las personas con discapacidad, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, en representación compartida y de la mano del ciudadano parlamentario Mario Pérez Escamilla, integrante activo de los trabajos del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el artículo 81 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.
La propuesta plantea crear formalmente el Sistema Estatal de Información en Discapacidad, como una herramienta para generar, integrar y poner a disposición información que permita conocer con mayor precisión las condiciones que enfrenta este sector de la población.
Durante su intervención en tribuna, Pedraza Huerta señaló que durante décadas Michoacán ha contado con censos generales de población, pero mantiene vacíos importantes respecto a información específica sobre las personas con discapacidad, particularmente en ámbitos como educación superior, discriminación escolar, dominio de la Lengua de Señas Mexicana, inserción laboral y violencia física, psicológica y sexual.
“Lo que no se mide, no se nombra; y lo que no se nombra, queda condenado a la indiferencia institucional”, afirmó.
La iniciativa propone que el Consejo Michoacano para la Inclusión cuente con herramientas técnicas para coordinarse con la Secretaría del Bienestar y atender los lineamientos del INEGI, mediante una reingeniería que, de acuerdo con la propuesta, tendría cero impacto presupuestario extraordinario.
El Sistema Estatal de Información en Discapacidad se plantea bajo cuatro mandatos:
• Rigor técnico y metodológico, para captar y consolidar indicadores sobre educación superior, bilingüismo e inserción laboral.
• Visibilización y combate a las violencias, mediante el registro y clasificación de situaciones de violencia y barreras de accesibilidad.
• Máxima publicidad y transparencia, garantizando información pública, abierta, accesible y gratuita.
• Justicia laboral y congruencia, estableciendo prioridad para que el personal encargado de operar el sistema esté integrado prioritariamente por personas con discapacidad.
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Pedraza Huerta destacó que contar con datos confiables permitirá dejar atrás la toma de decisiones basada en suposiciones y avanzar hacia políticas públicas sustentadas en evidencia.
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